Hoy he pagado en negro

Sobre las medidas cosméticas de Montoro y PPSOE contra la evasión fiscal.

Hoy he pagado en negro, 40 €. Lo he hecho de mi bolsillo y lo volveré hacer porque no creo que ningún trabajador deba pagar para trabajar. Esta persona hubiese tenido que pagar más de 250 € de autónomos para cobrar 40 €.

Dejen ya de robarnos. Dejen ya de robar.

Las primeras medidas deben ser para que dejen de enriquecerse los mismos y de robarnos nuestros políticos, porque es en sus bolsillos donde acaban nuestros impuestos. Bájense los sueldos, por ejemplo, o luchen contra la evasión fiscal de las grandes fortunas.

Las segundas medidas deberían dirigirse a que no se tenga que pagar para trabajar. Que el “pago de autónomos” sea progresivo según lo que se gane. Es lo básico. Es lo lógico. No es nada del otro mundo, se hace en muchos países de Europa.

Solo entonces, si quieren, pueden aplicar la medida de limitar a 1000 € los pagos en metálico. Pero ya no hará falta, porque a diferencia de nuestros políticos profesionales, que tienen dinero en todos los paraísos fiscales y las SICAVs habidas y por haber – gracias entre otros a nuestros ministros De Guindos y Montoro -, la sociedad civil está muy dispuesta a pagar sus impuestos si estos impuestos acaban en hospitales, escuelas y mejoras para los bienes comunes.

Aquí mis sugerencias si realmente quieren acabar con la evasión fiscal.
Si lo que quieren es solo hacer aspavientos para seguir tapando el saqueo que están acometiendo, entonces sí, se entiende claramente la razón de estas medidas cosméticas.
 

Mensaje recibido en el Buzón de Xnet

Qué nos enseña el escándalo de Fernández Díaz y Daniel de Alfonso sobre la lucha contra la corrupción

“La falta de ética no está recogida en la ley como motivo de cese”
– Daniel de Alfonso en su comparecencia en el Parlament

A propósito del escándalo protagonizado por el director de la Oficina Antifraude de la Generalitat y el Ministro del Interior: la importancia del anonimato para proteger a alertadores de casos de corrupción.

Antecedentes

En febrero de este mismo año desde el Grup Ciutadà contra la Corrupció a Catalunya publicamos una serie de recomendaciones para la lucha contra la corrupción en Catalunya. Entre ellas estaba lo que en aquel momento ninguno de los grandes partidos que ahora sí lo hacen, se atrevía a decir: enumeramos una serie de deficiencias y disfunciones evidentes de la Oficina Antifrau y pedimos su reforma dada su inoperatividad, opacidad y el peligro que suponía para los alertadores que confiaran en ella.

La Oficina Antifraude reaccionó a las críticas poniéndose inmediatamente en contacto con nosotros a estancias de su director, el ahora famoso Daniel de Alfonso, y se nos solicitó una reunión que se produjo el 22 de marzo.

Los detalles del contenido de esta reunión no son el objetivo de este post ya que los hicimos público al finalizar la misma y puedes consultarlos aquí. Aprovechamos para preguntarnos una vez más para que sirve la transparencia por la que tanto hemos luchado desde la ciudadanía y con la que tanto se llenan ahora la boca los partidos con poder si los únicos que somos transparentes somos la ciudadanía. En todo caso, la reunión, a pesar de la cordialidad, no aclaró nuestras dudas.

Tras el escándalo que el trabajo periodístico de Público ha revelado, dónde ha quedado patente que el director de la Oficina y el Ministro de Interior usaban los recursos de la Oficina Antifraude y del Ministerio de Interior para atacar a adversarios políticos, queremos retomar un aspecto del contenido de este encuentro.

El escándalo, pone de manifiesto que, tal y como defendimos en esta reunión (y hemos defendido siempre) el tipo de praxis aplicada por el director de la Oficina Antifrau, consistente en no facilitar canales anonimizados para la denuncia y dejando como único garante al directivo de la propia institución, que es defendida por muchos dentro y fuera de las instituciones como la única praxis posible para recibir denuncias ciudadanas, no hace más que perpetuar la corrupción en lugar de desmantelarla.

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Daniel de Alfonso defendió las bondades de la confidencialidad (“yo y esta institución somos los garantes de la protección de la fuente y de su información”) frente a los desmanes que, según él – y según los detractores del anonimato en la comunicaciones de los denunciantes -, se producirían con la aplicaciones de los protocolos del los Buzones de filtraciones que nosotros proponemos.

Lo que nosotros queremos dejar claro es que la corrupción está en las instituciones. Esperar que se vigilen a sí mismas y que el director de esta u otra institución pueda ser el garante absoluto y único de las prácticas que se llevan a cabo, es una falacia y una ingenuidad.

Independientemente de la integridad de quienes están en las instituciones, sólo habrá democracia si el poder se distribuye quedando el control de las estructuras de estado bajo la vigilancia ciudadana.

Los dispositivos que proponemos y practicamos con los buzones anonimizados de filtraciones permiten a la fuente hacerse visible independientemente de las instituciones cuando su información es utilizada en detrimento de ellos o de la sociedad. Esto impide que se centralice todo el poder (la información ) en manos de unas pocas personas que se vuelven todo poderosas y una amenaza para todos.

El éxito contra la corrupción será ciudadano y distribuido o no será.

La idea de confidencialidad perpetúa, la idea pasiva de dependencia de unas instituciones protectoras crea poderes absolutos que usan la transparencia para controlar a sus ciudadanos.

La idea de fuente anónima implica una toma de responsabilidad individual y colectiva en la que quien vigila las instituciones son los propios ciudadanos.

Se confunde a menudo la denuncia anónima (algo desterrado de nuestro estado de derecho puesto que todo el mundo tiene el derecho a saber quién le acusa) con el anonimato y protección de las fuentes.

La institución tiene el deber de investigar aquellas alertas plausibles de casos de corrupción, independientemente de donde vengan y respetando y facilitando el anonimato de la fuente si así lo desea el alertador, al igual que lo hacen periodistas y ciudadanía cada día.

Lo contrario es la confidencialidad garantizada por las autoridades. Es decir, el ciudadano se la juega enviando la información y, a partir de ahí, tanto el propio alentador como la propia información se convierten en objeto de mercadeo político como ha demostrado el caso de la Oficina Antifrau, donde en el caso de que la ley permita el cese de Daniel de Alfonso es muy posible que sea sustituido por Maite Masià actual directora adjunta y salpicada por la trama ITV de Oriol Pujol.

Todo depende de la confianza en las instituciones y ya no nos queda de eso.

De lo que tenemos cada vez más es confianza en la capacidad ciudadana de organizarnos para resolver los problemas.

Seguimos
 

Xnet y David Fernández en nombre del Grup Ciutadà contra la Corrupció a Catalunya.

Empieza la era del BlockChain

¿Qué es Blockchain y por qué es clave para el control ciudadano de los flujos financieros?

Blockchain es un tipo de bases de datos distribuidas que está detrás de monedas digitales sobre las que tanto se habla, como el Bitcoin.

Con este sistema la privacidad de los usuarios que efectúan transacciones puede ser protegida , ya que no es necesario asignar una identidad a sus “monederos” (cuentas personales). Sin embargo blockchain se convierte en un registro público de todos las operaciones que se han efectuado haciéndose muy difícil la manipulación.

Blanquear o evadir capitales resulta mucho más complicado que en el actual sistema, ya que estos movimientos no son información exclusiva y opaca en manos de bancos privados, sino movimientos trazables por cualquiera. Quedando claro cuanto hemos consumido, y por lo tanto cuanto han ganado las empresas, pero no necesariamente quien de nosotros se lo ha gastado.

Con este sistema los pagos no quedan registrados en un ordenador de una gran compañía sino en todos los ordenadores que participen en el sistema de pagos y a la vista de todos. Pudiendo así estudiar por dónde y cómo exactamente se escapa el dinero y a la vez garantizando la privacidad de los ciudadanos. Transparencia para los poderosos y privacidad para los ciudadanos.

Esta es precisamente la gran baza de Blockchain y es lo que llevamos años defendiendo, nosotros Xnet, el Partido X y muchas gente que se ocupa de un nuevo diseño financiero más justo como Dyne-Dcent, FairCoop, Eurocat, etc: no puede haber democracia sin control ciudadano de las instituciones; no puede haber democracia sin el control ciudadano de los flujos financieros.

Últimamente muchos países están directamente prohibiendo los pagos en dinero físico e implementando diferentes sistemas en el comercio local para que todos los pagos se realicen electrónicamente.

Los gobiernos y los grandes bancos que impulsan esta eliminación del dinero físico nos dicen a los ciudadanos que será la medida definitiva para luchar contra el fraude.
Naturalmente no podemos ni debemos confiar en los gobiernos y partidos responsable de avalar el gran fraude fiscal que cooperan con las grandes corporaciones. Gracias a filtraciones como las de LuxLeaks es ya de dominio público que la combinación gobierno-corporaciones es la gran especialista en la evasión fiscal (recuerden por ejemplo cuando destapamos como fue el propio De Guindos le que participó del diseño de la salida de grandes capitales empresariales del país).

Esta es la razón por la que no somos los únicos en interesarnos en el BlockChain: los gigantes financieros se están avanzando sobre esta tecnología, para marcar su desarrollo en una fase inicial de su expansión y garantizar que ese control distribuido sea distribuido entre ellos y no entre los ciudadanos. Goldman Sachs, ING y varios grupos financieros han mostrado su interés, los ciudadanos debemos estar atentos ya que no podemos permitirnos perder esta oportunidad de conseguir instaurar un control ciudadano de las finanzas.

Mientras el dinero electrónico sea un monopolio privado, sabemos perfectamente que la información sobre todos los pagos estará en los servidores privados de unas pocas corporaciones. Falciani afirma que entre el 3 y el 5 por ciento de cada pago va a parar a paraísos fiscales.
Acabar de esta manera con el dinero fisico es acabar con el anonimato de los pequeños pagos lo cual perjudicaría a nuestra privacidad como ciudadanos y, en vez de acabar con el gran fraude fiscal, lo facilitará.

Por eso durante la última semana hemos organizado y/o participado en una serie de encuentros y reuniones con Hervé Falciani en los que hemos presentado un proyecto para posibilitar el control ciudadano sobre los grandes flujos financieros y hemos querido aprovechar este espacio para explicar de la manera más simple posible el potencial de una tecnología que, queramos o no, es muy probable que se acabe utilizando masivamente: Blockchain.

En este sentido puede ser muy interesante la presentación que hace la gente de EuroCat este 2-3 de marzo.

La ciudadanía tiene una ocasión única para actuar y coger la delantera como ya está haciendo en muchos ámbitos. A eso vamos.

Seguimos 🙂

Los Trolls del Secreto Comercial – #StopTrade Secrets

Una nueva doctrina jurídica al acecho: la protección absoluta del Secreto Comercial

Xnet lanza una video campaña a nivel europeo, en colaboración con numerosas organizaciones de la sociedad civil como Corporate Europe Observatory, EDRi, la Quadrature du Net, Health Action International, P2P Foundation, Initiative für Netzfreiheit, The Commons Network, para exponer las amenazas de la nueva doctrina legal sobre Secretos Comerciales sobre los alertadores/whistleblowers, la libertad de prensa e información, los trabajadores y consumidores, la salud y el interés general.


Desde el punto de vista y análisis de Xnet, la aprobación del actual texto de la directiva de Secretos Comerciales Europea (Trade Secrets Directive) y el desarrollo de esta nueva doctrina jurídica llevaría a amenazas muy graves para los ciudadanos que destapen abusos de las corporaciones:

  • Una situación de asimetría entre los ciudadanos y las instituciones con respecto a las protecciones de las que disponen al denunciar comportamientos impropios, irregularidades o actividades ilícitas corporativas. Se deja a los alertadores/whistleblowers desprotegidos a pesar de que la mayoría de las denuncias contra los abusos corporativos son impulsados por ciudadanos.
  • Se da por hecho la persecución legal de cualquier persona que revele secretos comerciales, aunque al final los tribunales fallan a su favor.
  • La protección de los alertadores/whistleblowers se enmarca como una excepción a la protección de secretos comerciales, en lugar de estar basado en una norma legal.
  • La incertidumbre frente a las acciones legales que pueden sufrir y su desenlace amedrenta la acción de las personas en posesión de información que revele comportamientos impropios o irregularidades corporativas.
  • La carga de probar que la revelación era en favor del interés público recae sobre el alertador/whistleblower, que tienen que convencer a las autoridades judiciales y administrativas.
  • Los largos procedimientos legales suponen enormes costes que las corporaciones pueden hacer frente con facilidad pero que los trabajadores (alertadores/whistleblowers) no pueden asumir.
  • Las medidas cautelares permitirían a las empresas privadas prohibir la divulgación de documentos y pruebas durante el procedimiento legal, ocultándolos de la opinión pública.
  • Las empresas privadas podrán abusar de las medidas legales a su favor para el acoso legal a alertadores, ex-empleados o competidores no ser que se demuestre su mala fe.
  • La directiva sólo establece normas mínimas, los Estados Miembro pueden ir más allá para proteger los secretos comerciales, dando oportunidad a las empresas para que utilicen el régimen nacional más favorable para tomar acciones legales en la UE.

Solo los verdes (Compromís, Bildu, BNG, ERC, ICV, EQUO) se han opuesto a la Directiva Trade Secrets en la reciente votación de la comisió de Asuntos Legales de la Unión Europea. No se opusieron ni el bloque de izquierda (Podemos, Izquierda Unida, ANOVA y EH-BILDU), ni los liberales (CIU, Ciudadanos, PNV y UPyD), socialistas y populares.

# ¿En que consiste esta doctrina jurídica?

Las corporaciones están aprovechar el contexto actual de “crisis económica” como pretexto para justificar la anteposición de sus intereses comerciales al interés general y el bien común.

La crisis como excusa perfecta para asegurarse privilegios e impunidad de otra manera inaceptables dentro de estados democráticos y de derecho.

Una nueva doctrina que proporciona superpoderes a las corporaciones como herramientas y garantías legales para proteger sus inversiones más allá de lo razonable y que las corporaciones pueden también esgrimir para esconder sus abusos y malas prácticas, repitiendo como mantra la necesidad de proteger los secretos comerciales.

Recordemos que las corporaciones cuentan ya con la protección, de hecho muchas veces excesiva, que les ofrecen las patentes, las leyes de propiedad intelectual, leyes contra la competencia desleal…

Esta misma manera de pensar en la que todo lo que es “comercio” está por encima de cualquier otro criterio, es la misma que desde hace muchos años intentan poner de moda con los tratados de libre comercio (TTIP, CETA, TiSA…) que, con la excusa del “comercio” se intentan aprobar a puerta cerrada y fuera de los parlamentos democráticamente elegidos.

No debemos dejar espacio a que esta idea se convierta en la lógica preponderante más de lo que ya es dentro de un mundo en el que el poder corporativo-financiero es el poder dominante. Es muy importante estar vigilante y impedir que se desarrollen legislaciones en este mismo sentido.

# La Directiva de Secretos comerciales

Por eso cuando el 28 de noviembre de 2013 se publicó la propuesta de la Comisión Europea para la llamada directiva “Trade Secrets (Secretos Comerciales) saltaron todas las alarmas.

Las directiva contiene una protección desproporcionada de los “secretos comerciales” que otorga un blindaje absoluto a toda información, comunicaciones i datos en posesión de una empresa, llegando a absurdos como el aprendizaje y habilidades de sus trabajadores o cosas por el estilo.

Este nuevo uso ofensivo de los secretos comerciales permitiría a las multinacionales entorpecer enormemente el acceso legal a datos relativos a sus abusos o delitos, incluso ante los tribunales.

Un claro ejemplo que muestra lo peligroso de esta protección desproporcionada de los secretos comerciales se puede encontrar en Francia, donde un hombre murió recientemente durante unos ensayos clínicos. Los científicos están pidiendo transparencia y acceso a todos los datos de los ensayos clínicos para averiguar que sucedió. Sin embargo, la empresa se opone a entregarlos alegando la protección del secreto comercial.

Tras más de dos años de presión de organizaciones ciudadanas y en defensa del periodismo y libertad de expresión (con una muy importante intervención de asociaciones de periodistas en Francia y en Suecia), se ha conseguido reducir en el texto actual algunas de las afirmaciones más agresivas para la libertad de prensa que contenía la propuesta inicial de la Comisión Europea.

Sin embargo, los alertadores/whistleblowers siguen estando muy desprotegidos en la versión actual de la directiva. Los ciudadanos que denuncien públicamente los abusos empresariales serían legalmente perseguidos y acosados incluso cumpliéndose las salvaguardas y excepciones previstas en la Directiva.

Por esa razón lanzamos esta campaña, para desenmascarar los peligros e intereses corporativos detrás del discurso del “comercio ante todo y como solución a todo”.

Es esencial evitar que el argumento del secreto comercial se convierta en un superpoder utilizado por las empresas para aplastar interés público, la transparencia y la divulgación de información pertinente.

Ayúdanos a difundirla para que llegue a la mayor cantidad de gente posible.
 

# Más protección para los whistleblowers es necesaria

El problema de la gran desprotección que sufren los alertadores/whistleblowers se debe a que no existe una legislación específica en la Unión Europea destinada a protegerlos. Debemos presionar por el desarrollo de legislaciones que protejan la labor de los ciudadanos, muchas veces anónimos, que frente a casos de abusos o corrupción, deciden actuar revelando información a la opinión pública para denunciarlo.

En este sentido Xnet, junto al Grupo Anticorrupción en el Estado español, ha desarrollado un Decálogo para la Protección de los alertadores/whistleblowers:
https://xnet-x.net/decalogo-proteccion-denunciantes-alertadores/

 

# TTIP – Inclusión de los Secretos Comerciales en Tratados Comerciales Internacionales

El nuevo régimen jurídico de la directiva de Secretos Comerciales se acerca musho al enfoque de EE.UU., donde recientemente se aprobó una nueva legislación federal. Las prisas para la aprobación de estas nuevas legislaciones en ambos lados del Atlántico se deben, sin duda, a sus intenciones de incluir los Secretos Comerciales en el TTIP donde, si se aprueba el tratado, no sólo se convertirían en irrevocables sino que su combinación con el mecanismo de ISDS sería devastador.
 

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# Extractos de artículos a los que hacemos referencia:

Artículo 4: Obtención, utilización o divulgación ilícitas de secretos comerciales

Los Estados miembro velarán por que la aplicación de las medidas, procedimientos y recursos previstos en la presente Directiva se descarten cuando la presunta adquisición, uso o divulgación del secreto comercial se llevó a cabo en cualquiera de los siguientes casos:

(…)
b. con el fin de revelar un comportamiento impropio, irregularidad o actividad ilícita, siempre que la presunta obtención, utilización o divulgación del secreto comercial fueran necesarias para dicha revelación y que el demandado haya actuado en interés público;
(…)

  • Deben clarificarse con una lista no-exhaustiva de ejemplos qué situaciones suponen comportamientos impropios e irregularidades para evitar que una persona que cree razonablemente estar en conocimiento de una de estas situaciones, se amedrente ante la incertidumbre legal.

 
Adopción por los Estados miembros

Artículo 1: Objeto y ámbito de aplicación
La presente Directiva establece normas relativas a la protección contra la adquisición ilegal, uso y la divulgación de secretos comerciales.
Los Estados Miembros podrán disponer, de conformidad con las disposiciones del Tratado, protección más extensa contra la adquisición ilegal, uso o divulgación de los secretos comerciales que la requerida en la presente Directiva, a condición de que el cumplimiento de los Artículos 2a, 4, 5, Artículo 6 (1), Artículo 7, el párrafo segundo del Artículo 8(1), Artículos 8(3), 8(4), 9(2), Artículos 10, 12 y Artículo 14(3) esté garantizado.

  • Esta directiva sólo establece normas mínimas, posibilitando a los Estados Miembro ir más allá para proteger los secretos comerciales.

Las escandalosas medidas penales previstas por el gobierno francés en enero de 2015, cuando trató de introducir elementos clave de la presente Directiva a la ley francesa, podrían ser re-introducidos en los Estados miembros con este texto, dando oportunidad a las empresas para que utilicen el régimen nacional más favorable para tomar acciones legales en la UE.
En España el ministro de justicia dice que “en una democracia no debería haber alertadores” (sic).
 

Medidas cautelares

Artículo 9: Medidas Cautelares y Provisionales

Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes puedan, a instancia del poseedor del secreto comercial, ordenar cualquiera de las siguientes medidas provisionales y cautelares contra el presunto infractor:

(a) el cese o, en su caso, la prohibición de la utilización o divulgación del secreto comercial, con carácter provisional;

 
Texto actual de la Directiva de Secretos Comerciales:
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/DV/2016/01-28/sn01019_ES.pdf

Protejamos a los Denunciantes y Alertadores

En este país, las personas que denuncian la corrupción son perseguidas en lugar de ser protegidas. En estos días, el caso de Ana Garrido es un ejemplo escalofriante de la persecución que sufre quien denuncia.

Aún así, la gran mayoría de los casos de corrupción han sido destapado por ciudadanos de a pie, no por las instituciones.

Solo con una ciudadanía activa acabaremos con la corrupción que nuestros gobiernos y muchos partidos cultivan y ocultan. Por esto, un buen número de los grupos y personas que hemos dado guerra en este ámbito, nos hemos unido en el Grupo Ciudadano contra la Corrupción y hemos lanzado un Decálogo para la protección de los Alertadores/Denunciantes.

Os pedimos que nos ayudéis a conseguir un compromiso firme por parte de todos los partidos para que añadan estos puntos básicos para la protección de quien denuncia en sus programas de gobierno.

Escríbeles en Twitter (@PSOE, @PPopular, @AhoraPodemos, @CiudadanosCs…) en FB o llama o escribe a sus sedes y envíales el Decálogo en Defensa de los Alertadores/Denunciantes con este enlace: https://xnet-x.net/decalogo-proteccion-denunciantes-alertadores/
 
Pídeles su compromiso.

Si los partidos realmente están al servicio de las personas no deberían tener miedo a los alertadores contra la corrupción.

Decálogo para la protección de los Denunciantes/Alertadores

Introducción

Las organizaciones promotoras consideran que es imprescindible en el Estado Español la elaboración de una normativa de protección específica para el denunciante o alertador de la corrupción (del inglés “whistleblower”)

A nuestro juicio, la normativa debe de perseguir la consecución de las siguientes garantías para el denunciante/alertador de la corrupción:

  1. Garantías de la libertad de expresión del denunciante de la corrupción.
  2. Garantías de la confidencialidad y en su caso de la protección de su identidad
  3. Garantías de la continuidad de su carrera profesional y su tranquilidad psicológica y personal
  4. Garantías económicas, de manera que la lucha contra la corrupción no suponga un importante menoscabo económico.

Definición del denunciante de la corrupción

Debe de establecerse un concepto claro de denunciante de la corrupción, tanto en el ámbito público como en el privado. Es indudable que, en este momento las personas que sinceramente toman la decisión de atreverse a denunciar situaciones de corrupción y connivencia de los poderes públicos, padecen situaciones de aislamiento y acoso que ponen en riesgo su carrera profesional y su tranquilidad personal que no se deben permitir.

Entendemos que el denunciante de la corrupción es aquella persona que denuncia cualquier ilegalidad, despilfarro, mala gestión, abuso de poder, un peligro sustancial y específico para la salud pública o la seguridad o cualquier otra actuación que se derive de las anteriores y donde se vean involucradas instituciones o representantes públicos.

En cuanto a las personas, debe de considerarse denunciante de la corrupción no solo el funcionario, trabajador o empleado (ya sea indefinido, temporal, etc), sino también a aquellas personas que tienen o pueden tener relación con la institución, como proveedores, aspirantes a trabajar en la institución o a trabajar para ella, consultores, o incluso voluntarios. Se trata de evitar “las lisats negras” como forma de evitar que se denuncie la corrupción. También debe incluir a los que pueden verse afectados por las actividades de una organización.

En cuanto a la carga de la prueba del denunciante de la corrupción, basta con que aparezcan indicios de la conducta que se denuncia, así como indicios – en su caso- del acoso sufrido por el denunciante, correspondiendo a la organización o institución demostrar con evidencias que no ha habido ninguna actuación ilegal, despilfarro, mala gestión, etc.

En nuestra experiencia, mucha gente ha intentado utilizar el Buzón de Xnet de denuncia de la corrupción para arreglar cuentas personales y denunciar a vecinos y parientes.

La protección de los Denunciantes/Alertadores es una lucha para defender el trabajo colectivo de transparencia y denuncia y no una forma de crear una sociedad de delatores como muchas veces han hecho los gobiernos autoritarios.

Por esto, con este tema que tan de moda está ahora y tanto se puede prestar a la demagogia, debemos vigilar cómo los políticos, nuevos y viejos, lo asumen en su discurso o lo planteen en sus propuestas. Puede transformarse en una herramienta para atacarse los unos a los otros o en una herramienta para crear ejércitos de delatores fanáticos a su servicio.

Dicho eso, en este momento las personas que sinceramente toman la decisión de atreverse a denunciar situaciones de corrupción y connivencia de los poderes públicos con las tramas financieras, viven en situaciones de aislamiento y acoso que no se deben permitir.

Existen legislaciones al respecto en otros países y, a partir de ellas, trazaremos nuestra propuesta.

1. Protección de la intimidad, el anonimato y/o la privacidad del Denunciante/Alertador

Proteger de manera eficaz la intimidad, privacidad y/o anonimato de los denunciantes o testigos así como, cuando proceda, a sus familiares y personas cercanas incluyendo según el caso:

– Permitir y facilitar la denuncia anónima desde dentro de las instituciones o empresas, así como, en casos excepcionales como grandes tramas de corrupción, la toma de declaración de denunciantes mediante sistemas que oculten su identidad, aceptando testimonios mediante tecnologías de comunicación que lo permitan.

– Garantizar el derecho a las comunicaciones personales privadas investigando de oficio cualquier injerencia.

– Inclusión del denunciante, en caso de solicitarlo, y de testigos, en el programa de protección de testigos garantizando, en la medida de lo necesario y posible, su reubicación.

-Prohibir parcial o totalmente, cuando proceda, revelar información sobre su identidad y paradero.

2. Protección de la integridad física del Denunciante/Alertador

Incorporar y prever en el ordenamiento jurídico, medidas apropiadas para proporcionar protección, cuando sea necesario, contra trato discriminatorio, represalias físicas o intimidación a alertadores,testigos o peritos que presenten testimonio.

3. Defensa Jurídica

-Garantizar el derecho de alertadores y testigos a la asistencia jurídica gratuita en los procesos judiciales que suelen ser consecuencia de la condición de denunciante o testigo: tales como procedimientos o denuncias por acoso, amenazas, injurias, calumnias… Esta asistencia gratuita será desempeñada por abogados especializados.

– Medidas concretas contra la mala praxis jurídica utilizada para dilatar tiempos y elevar costes del proceso como forma de desgaste psicológico, económico con la que el alertador suele ser castigado por su denuncia.

4. Derechos Laborales

-Proteger el derecho a no ser despedido durante el proceso judicial derivado de su denuncia declarando el despido nulo en estos casos. En caso de represalias, se debería facilitar/velar por su estabilidad laboral

5. Atención psicológica y médica

– Garantizar el acceso a atención psicológica y médica gratuita para tratamiento de las consecuencias psicológicas y médicas derivadas de la situación del denunciante de la corrupción si éste lo considera necesario.

6. Legislación específica

– El ordenamiento jurídico de Estado español no regula de forma específica la situación del denunciante/Alertador. Consideramos imprescindible que exista una norma legal que proteja específicamente a estas personas y en específico los alertadores contra la corrupción.

-En paralelo, se considera conveniente impulsar un código administrativo de buenas prácticas que tenga en cuenta la protección de los alertadores y la prevención de riesgos.

En particular, esta normativa específica debería contener al menos las siguientes medidas:

Debe de garantizarse e incentivarse de forma clara la libertad de expresión, incluso antes de que se produzca la denuncia de la corrupción, impidiendo que se extienda el silencio (o la “omertá”) entre los posibles futuros denunciantes. En particular, cuando se trate de activar “checks and balances” internos resulta fundamental proteger la libertad de expresión de las personas que los ejercitan.

Como medida preventiva, hay que reconocer y defender el derecho a rechazar vulnerar la ley. Se trata de proteger de posibles represalias a las personas que razonablemente creen que se les está pidiendo que vulneren la ley durante el tiempo en que se está adoptando una decisión al respecto, es decir, antes de que se produzca efectivamente la vulneración.

Medidas para garantizar la efectividad de la denuncia
Debe de asegurarse la existencia de canales fiables para el denunciante de la corrupción. A estos efectos existirá una oficina específica en cada Departamento o Administración (o institución privada) que tendrá carácter funcionalmente independiente de la estructura jerárquica correspondiente y que garantizará la confidencialidad de la información recibida así como el anonimato del denunciante.

Medidas para garantizar la protección del denunciante.
Tipificar como infracción administrativa o incluso penal el acoso del denunciante de la corrupción, utilizando el concepto en un sentido amplio, para incluir todas las posibles conductas tanto formales como informales que se puedan emprender para impedir o perjudicar su carrera profesional o incluso su tranquilidad personal. SI ha habido una denuncia deben de establecerse presunciones que faciliten la prueba del acoso.

Tipificar como infracción administrativa e incluso penal en los supuestos más graves el intento de averiguar quién es el denunciante de la corrupción así como la posible adopción de medidas represoras contra él.

Establecer incentivos positivos de manera que los hechos denunciados no podrán originar responsabilidad administrativa o judicial para el denunciante de actividades delictivas o irregulares si se hace la denuncia dentro de un determinado plazo.

La asistencia jurídica al denunciante de la corrupción que, por cualquier razón, tenga que litigar contra el órgano o el cargo público denunciado se realizará con cargo a fondos públicos siempre que la denuncia se haya tramitado por la oficina competente o se haya abierto un procedimiento administrativo o judicial a consecuencia de la denuncia. En los mismos supuestos se facilitará asistencia psicológica con cargo a fondos públicos.

Los denunciados por corrupción siempre que la denuncia se haya tramitado o haya dado lugar a un procedimiento administrativo o judicial no podrán utilizar fondos públicos para su defensa en ningún tipo de procedimiento.

En el caso de instituciones la defensa solo podrá ser asumida por funcionarios si la Oficina frente a la que se hayan interpuesto las denuncias o la Fiscalía en su caso entiende que no están suficientemente justificadas.

Existirá un Defensor del denunciante de la corrupción en cada Administración al que se podrá comunicar las situaciones de acoso que se padezcan.

Deberá garantizarse la adecuada publicidad y conocimiento de estas normas en cada institución.

Medidas para garantizar la reparación de todos los derechos y de la situación profesional y económica del denunciante de la corrupción.

Si finalmente el denunciante de la corrupción obtiene una resolución favorable bien a su denuncia bien en lo referente al acoso, hay que garantizar que se reparen todos los efectos directos o indirectos perjudiciales que haya podido sufrir, ya se trate de costes económicos o de otro tipo (carrera, promoción profesional, etc) incluidos los daños psicológicos y morales que se hayan podido sufrir. De la misma manera hay que establecer mecanismos para proteger la identidad o para garantizar que se retiren acciones legales que puedan haber sido emprendidas contra el denunciante de la corrupción, o para garantizar que pueda cambiar de residencia o domicilio o incluso de trabajo si fuera necesario.

Medidas para garantizar la responsabilidad de los que acosaron al denunciante o realizaron actuaciones para impedir que la denuncia prosperase. Se trata de establecer una responsabilidad personal patrimonial para los responsables de estas vulneraciones, que pueden hacerse extensivas a los que no protegieron efectivamente a los denunciantes siempre que exista dolo o negligencia. Participación del denunciante de la corrupción en la investigación del caso denunciado.

Debe garantizarse su participación en la investigación del caso denunciado en la forma más adecuada según cada procedimiento. En cuanto al conocimiento social de su participación, debe de dejarse a la opción personal de cada denunciante.

7. Canales seguros de denuncia

Debe de asegurarse la existencia de canales fiables para el denunciante de la corrupción. A estos efectos existirán canales seguros de denuncia en toda Administración (o institución privada con un cierto número de empleados) que tendrá carácter funcionalmente independiente de la estructura jerárquica correspondiente y que garantizará la confidencialidad de la información recibida así como el anonimato del denunciante.

– Se trata de ofrecer formación y asistencia a los trabajadores y funcionarios que tengan que ofrecer información y protección a denunciantes, y garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos que reporten irregularidades.
– En particular se establecerán cauces reforzados de protección para lo/as funcionario/as con funciones consistentes en informar sobre la legalidad de las decisiones públicas que es precisamente el colectivo estratégico a proteger.

8. Comunicación institucional

– Impulsar desde las instituciones campañas de normalización y no penalización de las alertas ciudadanas, proporcionando información sobre como realizarlas y sobre las medidas de protección de que pueden gozarlos denunciantes o alertadores, una vez que sean aprobados.

9. Códigos de buenas prácticas empresariales

– Se impulsará desde las instituciones públicas la adopción de códigos de buenas prácticas empresariales que incluyan medidas específicas de protección del denunciante de la corrupción en el ámbito empresarial.

– Las empresas que superen una cantidad de trabajadores deberán disponer de un buzón de filtraciones anónimas para denunciar abusos y malas prácticas y las instituciones deberán velar porque exista y se utilice.

10. Cumplimiento de los compromisos internacionales ya suscritos.

En julio de 2006, el Estado Español ratifica la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. Deben de adoptarse de inmediato las medidas en materia de anticorrupción y protección de informantes y testigos necesarias para cumplir los compromisos adquiridos al firmar esta convención.

ENLACES DE INTERÉS

ADHESIONES

Xnet – https://xnet-x.net
15MpaRato – https://15mparato.wordpress.com
David Fernández – @HiginiaRoig
Grup Contra la Corrupció a Catalunya – https://xnet-x.net/grupo-anticorrupcion-catalunya
Ana Garrido
Fernando Urruticoechea
Acción Cívica – http://accion-civica.org/
Audita Sanidad – http://auditasanidad.org/
Kontuz – http://www.kontuz.org/
Encarni Cortés
Raúl Burillo
Gestha – http://www.gestha.es/
Asufin – http://asufin.com
Pau Monserrat

 
Este decálogo combina las dos propuestas activas en este momento en el Estado español sobre alertadores y denunciantes (sobre todo en casos de corrupción).
Los textos iniciales por separado, se pueden consultar aquí: https://xnet-x.net/decalogo-proteccion-denunciantes-alertadores/#textos-iniciales. Son dos textos, uno de Xnet y Ana Garrido y otro de la Fundación ¿Hay Derecho?
Estos grupos no trabajan juntos, pero han optado por no duplicar esfuerzos y por eso utilizan el mismo Decálogo cada uno desde sus plataformas.

 

El ERE de Bankia firmado con #TarjetaBlack

El caso de Gabriel Moreno de CCOO

Buenos días. Comienza nuevo curso político y desde la ciudadanía volvemos a la carga con el Buzón de Xnet, un espacio a través del cual otros ciudadanos pueden enviarnos pruebas de casos de corrupción.

Uno de los temas en la agenda y que será clave en este curso político será el caso Bankia/Rato.
Como desde @15MpaRato (acusación ciudadana que impulsó el caso) hemos señalado públicamente, los planes de la actual Bankia de Goirigolzarri para culminar la estafa que comenzaron Rato y Blesa consisten, básicamente, en adecentar el cadáver de una Bankia que nació muerta, aunque sea a costa de aplastar a familias hipotecadas o hacerle la guerra en los juzgados a la gente que ellos mismos estafaron. Adecentar Bankia hasta que esté presentable, para vender de saldo en los mercados internacionales de la especulación financiera lo que nos ha costado miles de millones a todos los ciudadanos.

Solo así, las personas responsables de esta trama estarán por fin a salvo.
Hablamos pues de una estafa convertida en cuestión de estado.

Hoy, gracias a la documentación que nos envía un/a ciudadana/o a través del Buzón, es el turno de explicar lo que la actual Bankia hace con sus empleados para continuar con este modus operandi.

El ERE de Bankia es el ERE más grande de la banca española, así como la estafa de Bankia es la estafa más grande de la banca española.

La connivencia de las dos grandes centrales sindicales en este ERE y con la corrupción en Caja Madrid empieza con el pacto CCOO-PP que aupa a Blesa a la presidencia en 1996 a cambio de una lluvia constante de financiación ilegal que duraría más de una década en forma de subvenciones a fundaciones fantasmas, tarjetas negras, u otras vías que hemos conseguido destapar los ciudadanos. Esas prácticas continúan en la actual Bankia.

Es tal el panorama a la hora de luchar contra la corrupción que muchos ciudadanos tienen la sensación de naufragar en un mar insondable.

El siguiente es un buen ejemplo de cómo reducir la complejidad de una de las grandes tramas de corrupción, que al investigarse parece extenderse hasta abarcarlo todo, a un solo caso que nos permite entender cómo ha funcionado todo durante los últimos 20 años y por qué pasan las cosas que siguen pasando.

Firma Gabriel Moreno-Flores Bankia Tarjeta Black

Este es el documento del ERE salvaje de Bankia que, como puede verse, está firmado por Gabriel Moreno, el mismo representante sindical que hemos llevado al banquillo con 15MpaRato por pertenecer al selecto club de las Tarjetas Black. Puede comprobarse su autenticidad contrastándolo con el mismo documento que los sindicatos firmantes CCOO y ACCAM tienen colgados en sus páginas y a los que no les han dado ninguna difusión ni publicidad.

Después de que desde la ciudadanía destapásemos toda esta corrupción, CCOO anunció medidas pero ¿qué ha cambiado en CCOO?
NADA.
Ni han cambiado nada ni pueden cambiarlo. Están atrapados en una rueda de complicidades que ha durado décadas.

Si creéis que no puede haber nada más escandaloso que un ERE firmado por un representante sindical con Tarjeta Black, atentos a esto: Un ERE incumplido por un representante sindical con Tarjeta Black. Bankia no está cumpliendo las condiciones de su propio ERE. Pero eso no supone ningún problema pues a la mesa encargada de negociar cómo se seguirá machacando a los trabajadores de Bankia, CCOO ha enviado de nuevo, a Gabriel Moreno como representante.

Podéis encontrar a los trabajadores autoorganizándose y denunciando la estafa de Bankia en el hashtag #BankiaIncumpleERE.

Temas relacionados:
Robar es de pobres. Los consejeros de Bankia “distraen” dinero. La Ley Mordaza y la impunidad de la corrupción
http://correosdeblesa.com

Análisis colectivo de documentos de #HackingTeam en España

Actualización:
Damos las gracias a todo el mundo que, demostrando una vez más la capacidad de la inteligencia colectiva, nos ha enviado anotaciones por redes sociales (Twitter, Facebook, Menéame) y correo electrónico para poder analizar esta información.
Intentamos sintetizar todas las aportaciones:

La Ley de Contratación del Sector Público incluye excepciones que permiten contratar en secreto por más de 50.000 euros sin dar información pública y sin acogerse a la ley de secretos:

Mientras que los negociados sin publicidad por ejemplo pero solo sirven para contratos menores de 30.000 euros se pueden utilizar también negociados con publicidad para contratos de más de esa cifra, pero eso no significa que lo tengan que publicar en el BOE. Lo pueden publicar, por ejemplo, en el tablón del CNI.

 
También puede haber concurso con invitación y sin publicidad, sobretodo en el sector de defensa. Y para conseguir información sobre de qué van esos proyectos tienes que acreditar “habilitación” de suficiente nivel y “necesidad de conocer” esa información.

La Ley de Contratación del Sector Público también contempla excepciones propias al concurso abierto y público para contrataciones que afectan a la seguridad del Estado.

El apartado f del artículo 170:

Cuando el contrato haya sido declarado secreto o reservado, o cuando su ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales conforme a la legislación vigente, o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado y así se haya declarado de conformidad con lo previsto en el artículo 13.2.d.

Artículo 13.2.d:

Los declarados secretos o reservados, o aquellos cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales conforme a la legislación vigente, o en los que lo exija la protección de intereses esenciales para la seguridad del Estado.
La declaración de que concurre esta última circunstancia deberá hacerse, de forma expresa en cada caso, por el titular del Departamento ministerial del que dependa el órgano de contratación.

Es decir, son los propios cargos políticos los que deciden si el contrato debe ser público o no.

Estas facturas son, pues, probablemente legales, pero todo esto no resuelve el problema de hasta dónde queremos que nuestro Gobierno se acoja a excepciones en la contratación y cultive secretos que no nos revela ni hace públicos aunque sea por “nuestro propio bien”. Sigue la pregunta de por qué el gobierno español prefiere contratar compañias internacionales inseguras acusadas de trabajar para dictaduras y contra los ciudadanos en lugar de apostar por compañías homologadas y respetuosas de los derechos civiles.

 
Buenos días,

Como sabéis, a raíz de las recientes filtraciones sobre #HackingTeam, lanzamos una petición a nuestrxs diputadxs para que exijan explicaciones al Gobierno. Con ello, queremos conocer la verdad de cuales fueron las relaciones contractuales entre la Policía Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia y la empresa Hacking Team, que figura en la lista de entidades enemigas de Internet.

Hemos hecho esta petición a lxs diputadxs porque desgraciadamente en este país la ciudadanía no dispone de cauces por los que pedir explicaciones directamente al Gobierno. De momento se ha movilizado Joan Tardá, diputado de ERC, y otros están siguiendo.

Por eso desde Xnet abrimos aquí un espacio de análisis colaborativo abierto a la ciudadanía para ir encontrando respuestas por nuestra cuenta. En las últimas 24h se ha llevado a cabo ya un apabuyante trabajo ciudadano global de recolección y estudio de los 400GB de información revelada. No es nuestra intención doblar trabajo, sino utilizarlo como arma política para conseguir forzar, con la evidencia, la respuesta del gobierno, por lo que nos centraremos solo en algunas cuestiones.

Por otra parte, debemos recordar que los primeros contratos con #HackingTeam fueron firmados durante el gobierno socialista, por lo que pedimos al partido de Pedro Sánchez que destaque con su contribuición a aclarar esta situación. Sin embargo, por su actitud de estos primeros días, imaginamos que no hay muchas diferencia entre el PSOE en gobierno cuando se firmaron esos contratos y el que ahora guarda silencio.

Aquí la primera pregunta que queremos resolver colectivamente.

El CNI dice haberse acogido a la ley de contratación del sector público. [1][2]

Aquí publicamos 3 facturas de cuantías superiores a los 50 000 euros.
Factura CNI 129/2010 – 72.000 €
Factura CNI 109/2011 – 67.500 €
Factura CNI 130/2010 – 52.000 €

Lo primero que queremos verificar y por lo que pedimos colaboración, es si estas cantidades se ajustan al derecho ya que a primera vista parece que exceden el límite establecido por dicha ley para contrataciones fuera de concurso público ¿Se han acogido a alguna excepción a esa ley o articulado que se nos ha escapado?

Pensamos que es algo que debemos de saber justo en estos días en los que sale a la luz que en 5 meses el gobierno ha gastado en armamento 1.600 millones más fuera de presupuesto.

Para aportar respuestas o informaciones que nos permitan seguir avanzando puedes responder en Twitter a @X_net_ usando el ht #HackingTeam o en el correo contact[at]xnet-x.net.
En el caso de blogueros y periodistas, si publicáis la respuesta, la agregaríamos y difundiríamos.

También nos preguntamos si es correcto que las políticas del gobierno para nuestras las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado incluyan negociar y gastar dinero público con empresas no homologadas por los organismos interncionales y denunciadas por los observatorios ciudadanos, poniendo en riesgo la seguridad nacional y las libertades ciudadanas con seguimientos y espionajes sin cobertura legal reconocida.

Seguimos.